El mundo de los creadores de contenido ha experimentado un crecimiento imparable en los últimos años, posicionándose como una de las formas más influyentes de comunicación digital. Este fenómeno ha dado lugar a la figura del «influencer», una persona que, a través de las redes sociales y plataformas de video, impacta y llega a miles, e incluso millones, de seguidores. No obstante, con este crecimiento exponencial y el poder de influencia que los creadores han llegado a tener, se ha hecho necesario establecer un marco regulatorio que controle su actividad y proteja a los usuarios, especialmente a los más vulnerables. Aquí es donde entra en juego la nueva Ley de Influencers, también conocida como Ley de Creadores de Contenido.

La Ley de Influencers tiene como objetivo principal regular la actividad de los creadores de contenido que generan ingresos significativos a través de las plataformas de intercambio de videos, tales como YouTube, TikTok o Instagram. Esta normativa, recogida en el Real Decreto 444/2024, busca establecer un conjunto de reglas claras para que los creadores de contenido sean tratados de la misma manera que otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

La necesidad de esta ley nace de la creciente relevancia de los influencers en el ecosistema digital y la influencia que tienen sobre su audiencia, particularmente entre los menores de edad. Al igual que ocurre con los medios tradicionales, como la televisión o la radio, el gobierno ha considerado esencial garantizar que el contenido que estos creadores distribuyen cumpla con ciertos estándares de protección, transparencia y responsabilidad.

La Ley de Influencers no afecta a todos los creadores de contenido, sino que se centra en aquellos que alcanzan ciertos umbrales tanto de ingresos como de audiencia. En concreto, para que un influencer esté sujeto a esta normativa, debe cumplir con las siguientes dos condiciones:

Un creador de contenido será considerado influencer, y por lo tanto estará obligado a cumplir con la ley, si sus ingresos brutos anuales derivados de la actividad en plataformas de intercambio de videos son iguales o superiores a 300.000 euros. Estos ingresos incluyen cualquier tipo de remuneración, ya sea monetaria o en especie, que provenga de comunicaciones comerciales audiovisuales, pagos directos de las plataformas o cualquier otro ingreso relacionado con su actividad de creación de contenido.

Además de los ingresos, otro factor clave es el tamaño de la audiencia. Los influencers deberán tener al menos 1.000.000 de seguidores en una única plataforma o 2.000.000 de seguidores en total en varias plataformas. Asimismo, es necesario que hayan publicado o compartido un mínimo de 24 videos en el año natural anterior a la evaluación.

Si eres un creador de contenido y cumples con los requisitos mencionados, tendrás la obligación de inscribirte en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Esta inscripción es obligatoria y tiene como fin permitir a las autoridades supervisar la actividad de los influencers de manera más cercana.

El plazo para inscribirse es de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, lo que significa que si la ley fue aprobada el 2 de mayo de 2024, los influencers tendrán hasta el 2 de julio de 2024 para realizar este trámite. Si no lo hacen, se exponen a sanciones económicas considerables.

La Ley de Influencers introduce una serie de obligaciones dirigidas a proteger al público en general, con un enfoque especial en la protección de los menores de edad. Estas obligaciones incluyen:

Los influencers deberán tener un cuidado especial en no difundir contenido audiovisual o comunicaciones comerciales que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Esto significa que los creadores deberán evitar cualquier tipo de contenido que sea violento, inapropiado o que promueva actitudes perjudiciales para los menores.

Los creadores de contenido también estarán obligados a adoptar medidas para garantizar la seguridad del público en general. Esto incluye advertir sobre contenidos que puedan resultar perjudiciales y tomar medidas rápidas para eliminarlos si es necesario.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es la regulación de la publicidad que los influencers pueden realizar en sus canales. Se prohíbe expresamente la difusión de mensajes publicitarios que promuevan el rechazo social basado en la apariencia física o que asocien el éxito a criterios de peso o estética. Además, la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas queda prohibida, y la promoción de juegos de azar o apuestas solo será permitida entre la 01:00 y las 05:00 de la madrugada, reduciendo así la exposición de este tipo de contenido a audiencias más vulnerables.

Los influencers deberán ser transparentes en cuanto a sus ingresos y cualquier relación comercial que puedan tener con marcas o productos que promocionen. La publicidad oculta o subliminal queda terminantemente prohibida bajo esta ley, lo que implica que los creadores de contenido deberán indicar claramente cuándo están realizando una colaboración patrocinada o cuando han recibido productos a cambio de promoción.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley puede conllevar sanciones graves, que van desde multas económicas hasta la suspensión de la actividad del creador de contenido en las plataformas de intercambio de videos. Las multas pueden oscilar entre los 10.000 euros y los 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Algunas de las principales sanciones que establece la ley son:

Si un influencer no se inscribe en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual dentro del plazo estipulado, se enfrentará a multas a partir del 2 de julio de 2024. Esta sanción puede escalar rápidamente en función del tiempo que el influencer esté operando sin cumplir con esta obligación.

La difusión de contenidos que vulneren la normativa audiovisual o que sean perjudiciales para los menores conllevará sanciones económicas severas y la posible suspensión de las cuentas del creador en las plataformas de video. La ley es muy estricta en este aspecto, ya que busca salvaguardar el bienestar de los usuarios, en especial de los más jóvenes.

El ocultamiento de información relevante, como la no declaración de ingresos significativos o la falta de indicación clara sobre colaboraciones patrocinadas, también será motivo de sanción. La transparencia es uno de los pilares fundamentales de la ley, por lo que los creadores que no cumplan con este requisito se verán enfrentados a sanciones económicas.

En los casos en que un influencer reincida en sus infracciones, las multas pueden elevarse hasta el máximo permitido de 1,5 millones de euros. Además, la reincidencia podría llevar a la prohibición de continuar con la actividad de creación de contenido en plataformas de intercambio de videos.