La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, incluida en el Real Decreto-ley, introduce una serie de medidas y apoyos significativos para quienes se ven impactados por situaciones de catástrofe o desastre. Estas iniciativas buscan brindar alivio económico y fiscal tanto a personas como a empresas afectadas, ofreciendo desde ayudas directas hasta beneficios fiscales y laborales.
Entre las ayudas más importantes se encuentran las compensaciones económicas por daños personales, establecidas en el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Estas incluyen compensaciones de hasta 72.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente y absoluta.
También se contempla la activación de ayudas para la reparación de daños materiales, compatibles con otras ayudas públicas y con las indemnizaciones de seguros privados (como el Consorcio de Compensación de Seguros), siempre y cuando no excedan el valor total de los daños tasados. Estas compensaciones materiales se multiplican hasta cuadruplicar lo que establece la ley, y se eliminan requisitos de renta. Las principales categorías de ayuda incluyen:
- Reparación de Viviendas: Las personas afectadas pueden solicitar entre 20.000 y 60.000 euros para reparar daños estructurales en sus viviendas.
- Reposición de Enseres: Hasta 10.300 euros para renovar o reparar mobiliario, electrodomésticos y demás bienes dañados.
- Reparación de Elementos Comunitarios: Hasta 37.000 euros destinados a reparar áreas comunes de edificios como portales, ascensores y escaleras.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos también son un grupo de apoyo crucial en esta reforma. Con una dotación de 838 millones de euros en ayudas, estos beneficiarios pueden acceder a fondos con tan solo cumplir el requisito de residir fiscalmente en las zonas afectadas. En total, se espera que 65.000 autónomos y 30.000 pymes se vean beneficiados, recibiendo ayudas de hasta 5.000 euros en el caso de los autónomos, y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, dependiendo de su volumen de operaciones.
Paquete de Medidas Fiscales
El paquete de medidas fiscales incluye también beneficios relevantes para personas y empresas afectadas por catástrofes. Un aspecto importante es el acuerdo con entidades financieras para ofrecer flexibilidad en el pago de hipotecas y préstamos de consumo. Este acuerdo permitirá que los afectados puedan aplazar el pago de sus créditos durante tres meses, y posteriormente pagar solo los intereses durante nueve meses adicionales. Por ejemplo, en una hipoteca de 120.000 euros con una cuota mensual de 600 euros, los beneficiarios no pagarían nada durante los primeros tres meses, y solo 300 euros durante los nueve meses siguientes.
Además de esta flexibilidad, se introducen las siguientes medidas fiscales:
- Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2024: Si el IBI ya se ha abonado, se puede solicitar la devolución del importe.
- Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el ejercicio de 2024.
- Exención de Tasas de Tráfico: Esto aplica a la gestión de bajas de vehículos afectados y para la emisión de duplicados de permisos de circulación o conducción destruidos o extraviados.
- Exención en IRPF: Las ayudas para daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Reducción en IVA e IRPF: Aplicable a las explotaciones y actividades agrarias en zonas afectadas.
- Suspensión de Pagos: Quienes tengan pendiente un segundo pago de la Declaración de la Renta para el 5 de noviembre pueden suspenderlo temporalmente.
Protección Laboral para Trabajadores y Autónomos
Los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social también han implementado importantes medidas de protección para trabajadores, autónomos y empresas. Para los empleados que no puedan trabajar debido a causas justificadas, se prohíben los despidos y se ofrecen permisos retribuidos para situaciones excepcionales. A los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de pensiones no contributivas se les incrementarán sus prestaciones en un 15% durante tres meses, reconociendo su vulnerabilidad.
Los trabajadores autónomos también cuentan con beneficios específicos, ya que pueden solicitar la prestación por cese de actividad sin necesidad de cumplir con un período de carencia. Además, los días en que reciban esta prestación no se contarán como consumidos para futuros beneficios, una política conocida como «contador a cero». Asimismo, el tiempo durante el cual se perciba esta ayuda se considerará como cotizado. La cuantía de esta prestación asciende al 70% de la base reguladora, lo que brinda una mayor cobertura.
Otra medida importante es la creación de una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos que sufran daños físicos o psicológicos como consecuencia de la catástrofe. Esta incapacidad se considerará como accidente de trabajo, garantizando así el 75% de su salario desde el primer día de la incapacidad.
Exenciones y Ayudas para Empresas
Las empresas también cuentan con importantes exenciones en cuanto a cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos empleados cuya actividad haya sido suspendida o reducida debido a los daños causados. Las empresas que necesiten activar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) podrán solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la exención del 100% en las cotizaciones de la Seguridad Social para trabajadores y empleadores, al menos hasta febrero de 2025.
Además, se ha creado una línea de avales DANA del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de 5.000 millones de euros. Esta línea se encuentra especialmente destinada a empresas y autónomos, siendo aprobado ya el primer tramo de 1.000 millones de euros.