El Gobierno se encuentra en la fase final de la elaboración de un Real Decreto que marcará un hito en la regulación de los influencers. Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, los influencers deberán inscribirse en el flamante Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que conllevará nuevas responsabilidades en áreas como la protección de menores o la publicidad, equiparándose a las obligaciones de la televisión y otras plataformas audiovisuales.
Recientemente, el Ejecutivo ha aprobado otro Real Decreto que establece este novedoso registro, otorgando un plazo exprés de dos meses para que aquellos usuarios de especial relevancia que utilicen servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas se sumen a este registro. Estas plataformas abarcan desde gigantes como TikTok e Instagram hasta Youtube y Twitch.
El único detalle pendiente es definir qué criterios determinarán quién es un usuario de especial relevancia. La consulta pública del Ministerio de Transformación Digital, que se cerró el martes, buscaba la opinión del sector sobre el umbral razonable para esta categoría, que será supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la consulta, se propuso un umbral de 500.000 euros de facturación a través de esta actividad y dos millones de usuarios en la plataforma.
Fuentes gubernamentales han afirmado que la aprobación del Real Decreto, originado a partir de una directiva europea, se llevará a cabo después de revisar las contribuciones, un proceso que se espera en un futuro cercano, posiblemente durante los primeros Consejos de Ministros del próximo año.
Esta legislación implicará que los contenidos generados por los influencers en redes sociales deberán seguir criterios específicos de protección a la infancia, lo que impedirá, por ejemplo, que animen a un menor a solicitar a sus padres la compra de un producto. La regulación de la publicidad realizada por estos actores en redes sociales es otro objetivo clave del nuevo marco legislativo. Los influencers estarán obligados a etiquetar como publicidad todo contenido pagado o creado en colaboración con una marca, una práctica que ya promueven plataformas como Instagram.
Esta regulación surge después de una serie de controversias y acusaciones de fraude relacionadas con la venta de productos dudosos o oportunidades de inversión a través de criptomonedas y otros instrumentos financieros en estas redes. El texto también obliga a las plataformas a establecer canales para que los usuarios informen sobre la publicidad encubierta y permitan a los usuarios identificar como publicidad los contenidos que comparten. Al mismo tiempo, prohíbe la creación de contenidos discriminatorios hacia las mujeres o que hagan comentarios despectivos sobre el peso de alguien.
En términos de sanciones, el reglamento contempla multas que oscilan entre 60.000 y 1,5 millones de euros para las infracciones muy graves, en función de los ingresos de la entidad, en el caso de plataformas de vídeo que incumplan estas normativas. Las infracciones leves están sancionadas con multas desde los 10.000 euros.