La Agencia Tributaria se embarca en una contundente campaña contra el fraude fiscal, focalizando su atención en las operaciones económicas de autónomos y pequeñas empresas. Estas entidades se ven sometidas a rigurosas acciones de control destinadas a prevenir posibles irregularidades que amenacen la integridad del sistema tributario.
Un aspecto clave de esta vigilancia se centra en la supervisión activa de las transacciones bancarias. Colaborando estrechamente con las entidades financieras, la Agencia Tributaria está facultada para recibir información detallada sobre las cuentas y movimientos de los contribuyentes. Esta colaboración no solo tiene como fin descubrir posibles fraudes o actividades ilegales, sino también afinar el cálculo de las ganancias, crucial de cara a la Declaración de la Renta.
Es importante subrayar que esta supervisión no implica automáticamente una investigación en curso. Este paso solo se activará en presencia de sospechas fundamentadas de operaciones fraudulentas. Para autónomos y propietarios de empresas, la capacidad de justificar cada movimiento financiero se erige como una práctica esencial.
El balance de la actividad de Hacienda en el año pasado revela un esfuerzo considerable, con 1.9 millones de visitas y comprobaciones en las cuentas de los contribuyentes. De estas, 700,000 fueron dirigidas específicamente a autónomos y pequeños negocios.
Mirando hacia el futuro, el plan de control de Hacienda abarca 8 tipologías de comprobaciones:
- Control de actividades económicas.
- Control de aplicación de la normativa.
- Comprobaciones formales.
- Análisis patrimonial.
- Análisis societario.
- Ocultación de la actividad.
- Abuso de formas societarias.
- Actuaciones de análisis de la información.
Las metas principales de esta vigilancia dirigida a autónomos y pymes son múltiples. En el radar de la Agencia Tributaria se encuentran la prevención de la economía sumergida, la detección y corrección de ventas ocultas, la subsanación de defectos formales en facturas, la impedimenta de programas de doble facturación y la prevención de estafas vinculadas al IVA no declarado.
